Ya nadie cree en la Seguridad Social… pero deberíamos

La última semana de abril se celebra la Semana Nacional de Seguridad Social en nuestro país. Este año se hicieron muchos eventos con ponentes internacionales de renombre que explican los problemas que enfrenta y tendencias futuras de los sistemas de seguridad social de nuestro país, pero que pasan desapercibidos por la población mexicana.

¿Por qué el tema de la seguridad social es muy ajeno a las personas? Mi hipótesis es que los sistemas de protección social proporcionados por el Estado han sido históricamente tan deficientes que se han buscado alternativas en otras instituciones sociales como la familia. Por ejemplo, como la cobertura del sistema de pensiones se encuentra en niveles preocupantes -aproximadamente 30%- existe una idea generalizada que los hijos de una familia aportarían financieramente a los padres cuando estos ya no pudieran trabajar.

El tema no es menor; en cualquier dimensión de la seguridad social que se analice, se cuenta con una baja cobertura y mala calidad: los sistemas de salud operan por encima de su capacidad y no se dan abasto de personal médico e insumos, se condiciona la seguridad social a trabajos formales en un contexto donde el 60% de la población trabaja en la informalidad sin incentivos para su formalización y los trámites burocráticos para redimir derechos derivados de los seguros por invalidez, viudez o riesgo de trabajo.

Pero el problema se limita a leyes mal hechas; también es un problema político. Existe una evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social (disponible aquí) donde se declaran EN CONTRA de la iniciativa de reforma a la ley para otorgar a las trabajadoras domésticas el derecho a ser afiliadas al régimen obligatorio del Seguro Social. Las instituciones gubernamentales en lugar de buscar dar derechos que no han sido reconocidos a las trabajadoras del hogar, promueven la discriminación laboral a esta población negándoles el acceso por cuestiones financieras.

Las medidas necesarias ya son claras. Necesitamos una universalización del acceso a la seguridad social que se encuentre desligada de la condición de trabajador, un sistema de pensiones de aportaciones individuales -que ya tenemos- acompañado de una pensión universal básica mínima -que no tenemos- para garantizar que nadie caiga en niveles de pobreza, una reforma fiscal más progresiva que cobre impuestos al capital para financiar la modernización de los servicios de seguridad social e instituciones más flexibles con una urgente perspectiva de género que entiendan que la seguridad social ya no es sólo para el minero, el médico y el ferrocarrilero, sino para todos.

Lo que falta es voluntad política. El hacer universal el acceso a la seguridad social le quita a los partidos en el gobierno un arma fundamental de control: el clientelismo y la discrecionalidad para decidir quién es beneficiario de qué. El otro tema al que el gobierno federal no le ha querido entrar es a incrementar los impuestos (o preocuparse sólo por cobrarlos efectivamente).

Sin cambio alguno, las perspectivas de la seguridad social son lúgubres… privatización de los sistemas de salud, que la vejez sea sinónimo de pobreza y que los servicios de seguridad social (guarderías, hipotécas, seguros) tiendan a desaparecer por “falta de presupuesto”.