Evidencia para salir de la pobreza

Los semáforos rojos de pobreza se han prendido en México. Los datos oficiales no sólo demuestran que desde 2010 no ha existido una reducción del número de personas en situación de pobreza, sino que incluso han incrementado en 600 mil casos.

Ante este panorama es difícil no preguntarse si los 109 mil millones de pesos destinados a programas de desarrollo social por parte del gobierno federal durante 2016 fueron utilizados de manera correcta.¹ El efecto parece ser menor por la implementación de una abrumadora mayoría de programas que tienen su origen en la ocurrencia, el compadrazgo en las licitaciones y el clientelismo político. La política pública de reducción de la pobreza ha resultado -en el mejor de los casos- inefectiva y una fuente de apropiación de recursos de manera ilícita en el peor.

Entre las alternativas propuestas para virar el rumbo de la tendencia creciente de la pobreza, la política pública basada en evidencia me parece la más atractiva. Esta corriente plantea un modelo integral y sistematizado sobre el proceso de implementación y evaluación de impacto de las políticas públicas, el cual funciona como puente conector entre la investigación científica y la toma de decisiones; entre sus diseños más recurrentes se encuentran las evaluaciones controladas aleatorizadas (randomized control trials) que permiten extraer el efecto específico de las intervenciones sociales, aislándolo de cualquier factor que también pudo haber influido en los indicadores.

Prospera-Oportunidades fue el primer programa que ha utilizado esta aproximación para evaluar su efecto, las oportunidades para escalar el programa y las modificaciones en su implementación. Aun así, la gran mayoría de los programas sociales no han incorporado esta aproximación para determinar si son costo-efectivos, si deben ser implementados a mayor escala o si deben ser eliminados por ser inefectivos.

En la política basada en evidencia nuestro país puede encontrar una aproximación útil para combatir dos problemas que nos aquejan: por un lado se analizan los programas para ubicar los recursos de la manera más costo-efectiva, lidiando con la ineficiencia del gasto social; por otro lado se conforma un mecanismo democrático que fomenta la transparencia y rendición de cuentas al hacer la comparación entre objetivos de las intervenciones sociales y la evaluación de sus resultados.

Es evidente que la adopción de este enfoque no es la panacea. Para ser efectiva, la política pública basada en evidencia necesita ir acompañada de recursos y de la creación de indicadores adecuados para monitorear y evaluar las intervenciones, mientras que combate la preferencia de tomadores de decisiones a ampliar el alcance del programa a costa del dinero para evaluar su efectividad.

El día de ayer en una videoconferencia organizada por la Sociedad de Exalumnos Latinoamericanos del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab platicamos con Paul Gertler, profesor de UC Berkeley, sobre su experiencia diseñando la evaluación de impacto de Prospera-Oportunidades. Entre otras cosas, nos reveló que los políticos que en ese momento lo contactaron se escandalizaron cuando él les propuso asignar aleatoriamente el programa entre los beneficiarios potenciales pero, cuando él preguntó cómo tenían pensado implementar la primera fase del programa, le respondieron que se asignaría prioritariamente a las localidades en dónde habían votado por su partido.

La anécdota anterior es mucho más recurrente de lo que quisiéramos. Esto ejemplifica la urgencia de promover el uso de evidencia en el ejercicio de la política social; de lo contrario, seguiremos buscando la erradicación de la pobreza con los ojos cubiertos.

 

(1) Datos de la SHCP.